Dura queja de CAPECA y CAPIP por continuidad de retenciones a la pesca
La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (C.A.P.I.P.) quedaron en shock por haber sido excluidas del régimen de reducción de retenciones anunciado por el Gobierno Nacional al sector agropecuario, a pesar de que la industria pesquera está catalogada como economía regional.
El Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo anunció que las alícuotas quedarán en 26% para la soja (-7%), 24,5% para los derivados de soja (-6,5%), 9,5% para trigo, cebada, sorgo y maíz (-3%), y 5,5% para el girasol (-1,5%). Dichas alícuotas estarán vigentes hasta el 30 de junio.
Por su parte el azúcar, el algodón, el tabaco y otros productos de las economías regionales que aun estaban gravados bajan definitivamente a 0%.
Las cámaras patronales pesqueras insisten en la baja rentabilidad y una “situación de quebranto inminente” por la caída del precio internacional de sus productos (como el caso del langostino), los altos costos de la actividad (laborales y combustibles entre otros) y la elevada carga tributaria que enfrenta el sector.
En 2024 el sector enfrentó la apreciación del peso, que perjudicó la exportación a mercados como Brasil (que devaluó 27%) y aumentó la incidencia de las retenciones retenciones (que van del 3% al 9%, según el producto y volumen) en la disminución de la rentabilidad.
A eso se suma la nueva suba de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), que entraron en vigencia el 1 de enero de 2025 y equivaldrá al 3% del valor y no de la captura. La industria pesquera tributa anualmente entre USD 120 y USD 130 millones en concepto de Derechos de Exportación (DEX).
A lo largo del año pasado el sector también enfrentó un 300% en el incremento del precio de los combustibles y un 153% en el costo laboral y una caída en la demanda de China y Europa, lo que también incidió en la baja de la rentabilidad.
En los primeros once meses de 2024 la industria pesquera argentina aumentó 13,4% su generación de divisas respecto a 2023 y aportó US$1.842 millones a la balanza del comercio exterior nacional.
Una crisis en el sector afectaría a Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincias donde genera más de 46.000 empleos directos con salarios entre los más altos de la economía nacional.
Como el sector no incide en los precios internacionales de sus productos, solicita que el estado nacional reduzca impuestos, habilite la reforma de los convenios colectivos de trabajo del SOMU o devalúe.
Lo cierto es que las cámaras empresarias pesqueras como CAPECA o CAPIP demostraron tener mucha menos influencia que sus pares del sector agrario.
